Lo vemos y vivimos cada día: trabajadores que ya no pueden permitirse vivir en la ciudad que ellos mismos construyen, jóvenes para los que irse de casa de sus padres no es una posibilidad, inquilinos que se ven obligados a marcharse de su barrio tras una rehabilitación, edificios vacíos mientras hay personas durmiendo en la calle. El mercado actual de la vivienda está anteponiendo los beneficios a las personas y al planeta.
No tiene por qué ser así. Los edificios existen, al igual que las soluciones para hacerlos accesibles, habitables y asequibles. Lo que falta son las normas para hacerlo posible: dar uso a los edificios vacíos, impulsar la rehabilitación, permitir que las personas permanezcan en sus hogares, frenar la especulación, garantizar que la vivienda siga siendo asequible a largo plazo, invertir de forma sostenible y crear una Agencia Europea de la Vivienda que coordine todas estas medidas.
Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, un instrumento democrático que permite a la ciudadanía de la UE poner un tema en la agenda política europea y exigir medidas. Si 1 millón de personas de toda la UE firman —mejor si son más—, la Comisión Europea está obligada a responder. La recogida de firmas comienza en septiembre de 2026.
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